La desidia de algunos actores humanitarios al gestionar las necesidades de los desplazados internos ubicados de manera inoportuna en áreas urbanas y no en campos eclipsa su compromiso con la ayuda y protección de los derechos de los desplazados. La mayor ola de desplazamientos en Uganda se produjo entre 1995 y 1996, cuando el Gobierno obligó, con morteros y helicópteros de combate, a civiles del norte a instalarse en los llamados “pueblos protegidos”. Más tarde estos “pueblos protegidos” fueron transformados en campos de desplazados que recibían poca ayuda del Gobierno. La comunidad humanitaria de Uganda limitó la distribución de alimentos a quienes residiesen en estos campos y se encontrasen censados. Además de los problemas para identificar a los desplazados internos en contextos urbanos, ayudarles también puede resultar complicado.