La implementación de la política pública de atención a víctimas constituye un avance no solo en la protección y garantía de derechos, sino también en la respuesta estatal hacia la crisis humanitaria que ha conllevado el conflicto armado en el país; no obstante so pena de no soslayar dichos beneficios y adelantos es necesario realizar una serie de ajustes al marco administrativo y fiscal con el cual se desarrolla con especial énfasis a nivel local.