El amparo ha ido cobrando en la Argentina importancia a la hora de garantizar ciertos derechos. El nivel de cobertura a la salud queda librado a la determinación política y a la discrecionalidad de cada Estado para la formulación y ejecución de sus políticas públicas en la materia. Es el Estado el máximo y último responsable a cargo de velar por la salud de sus habitantes y así se ha comprometido en diversos instrumentos internacionales. En ese orden de responsabilidades, debe arbitrar los medios administrativos más rápidos y expeditos posibles para asegurar que sus habitantes gocen del derecho a la salud en forma plena y expedita. Es por ello que el Estado no pude ampararse en procedimientos burocráticos para justificar la ausencia de cobertura.