En el gobierno virreinal que sirvió de tránsito entre los reinados de Felipe IV y Carlos II, el Perú reveló su cara más autónoma dentro de los márgenes permitidos por los mecanismos jurídicos coloniales. El conde de Santisteban apareció como un virrey de escaso carácter, y eso, unido al proceso de visita que sufría la jurisdicción, desembocó en el auge de los propios inspectores, de los miembros de la Real Audiencia de Lima y del Tribunal del Comercio gracias al apoyo en estructuras de marcado cariz clientelar.