Este articulo identifica y caracteriza, el desequilibrio de poderes en Colombia, que ha dado lugar, a una presidencia imperial, deslegitimadora, del Estado de Derecho, y del mismo sistema jurídico, pues se han desvirtuado de tal forma las garantías constitucionales; que los grandes acontecimientos sociales y políticos están provocando un alto grado de obsolescencia de las instituciones jurídicas y políticas, particularmente de la Democracia en la que más se evidencia la quiebra del esquema originario propuesto para la separación de las ramas del poder público y la nula aplicabilidad la primacía del interés general sobre los intereses particulares. Se requiere por lo tanto la reconstrucción del Estado y de la democracia, para involucrar seriamente la participación de los ciudadanos, más allá de la simple actividad electoral o electorera a fin de que sean los electores y no los elegidos, quienes detenten el poder. Con tal finalidad el Estado debe reconocer la existencia y el protagonismo de las comunidades, abriendo espacios de participación y autorregulación, para que pueda tomar parte efectivamente en las políticas y en las decisiones que los afectan, contribuyendo así a fijar su destino de acuerdo, con las sanas reglas del principio de la subsidiariedad.