Este escrito explicita que en las condiciones actuales del constitucionalismo y del presidencialismo de los países andinos, el control de convencionalidad es un instrumento útil para la realización de los derechos humanos y de la democracia, por vincular al juez común y a las otras instituciones estatales, en la tarea del control del poder, ya no solo desde la Constitución y las leyes de los distintos Estados, sino desde el derecho convencional, desde el derecho contenido en las convenciones internacionales sobre derechos humanos suscritas por los Estados andinos, que cuentan con un órgano judicial de vigilancia, control y adjudicación de responsabilidad.