Durante las negociaciones del tratado de libre comercio (TLC) entre colombia y la UE, en el capítulo de propiedad intelectual, se concretó una serie de disposiciones, especificamente relativas a las patentes farmacéuticas, que conducirán a una posible vulneración de los derechos de segunda y tercera generación consagrados en la constitución política de 1991, como lo son los derechos colectivos y del medio ambiente y el derecho a la salud pública. Lo anterior en razón a la posible legitimación de la biopiratería, y al tratamiento preferencial que organizarán quienes, sean titulares de patentes farmacológicas, pasando por alto los derechos de la comunidad colombiana en general.