El presente artículo trata sobre aquellas entidades estatales cuya naturaleza implica un régimen especial en razón de las funciones que desempeñan. En efecto, en Colombia se contempla la existencia de entidades estatales con regímenes especiales a las cuales, para muchos efectos, se les aplica el derecho privado. Sin embargo, la Constitución Nacional establece que las entidades públicas deben regir sus actuaciones de conformidad con los principios de la función pública y, por otra parte, el Congreso de la República y el Gobierno Nacional expiden normas que imponen a las entidades estatales de cualquier orden el cumplimiento de determinados preceptos, sin prever si dichas normas también son o no aplicables para las entidades de naturaleza única y régimen especial. Todo lo anterior deriva en la inseguridad jurídica existente respecto de ciertos aspectos de dichas entidades.