El derecho a la libertad de expresión es abordado por la jurisprudencia y la doctrina comparada, principalmente, desde dos perspectivas: la primera analiza y asume como una libertad a ultranza frente a la cual el Estado debe estar completamente limitado; la segunda lo analiza como un derecho deber, que necesita la intervención del Estado para garantizar la equidad en la información y en el respeto de los derechos de terceros. El continente americano, tanto a nivel de derechos nacionales, como al nivel del sitema interamericano de derechos humanos, opta por una protección a ultranza de la libertad, prohibiendo la censura previa y enalteciendo el valor de la prensa como elemento fundamental de la democracia. Sin embargo, esta visión del derecho a la libertad de expresión, que es recogida por la Corte Constitucional colombiana, no se refelja en la políticas o programas públicos, pues no existe impulso alguno para el ejercicio de este derecho y, su garantía, se limita a la protección del derecho a la vida de los periodistas amenazados, sin que, ni a nivel escolar, ni a nivel social, exista un fomento efectivo para que los ciudadanos ejerzan eficazmente su derecho a la libertad de expresión.