Resumen: Los importantes vacíos legales que existen en el proceso jurídico mexicano agravan la vulnerabilidad de los refugiados. En 1980, el gobierno mexicano creó la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) para atender a los que procedían de América Central y del Sur. Veinte años después, México ratificó la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967. Sin embargo, el sistema jurídico que se introdujo para regularizar la situación de los refugiados incluye procedimientos que no respetan la legislación internacional en la materia. Tampoco establece tribunales que vean específicamente problemas de migración o de refugiados, ni abogados especializados, ni traductores ni intérpretes oficiales. Además, sólo existe una única ONG en el país (Sin Fronteras I.A.P) que trabaja en este sector.