Las autoridades locales representan el punto de contacto más directo entre el Gobierno y los ciudadanos. Si los derechos de los desplazados internos deben conservarse y sus necesidades tratarse, es necesario prestar mayor atención al gobierno local. La legislación nacional de Colombia respecto a los desplazados internos es admirable. El país posee un sistema judicial sólido, un Tribunal Constitucional que ha mantenido de manera consistente los derechos de los desplazados internos y una comprometida red de organizaciones sociales civiles, entre las que se incluyen cientos de asociaciones de desplazados. En su visita en 2006, sin embargo, el Secretario General de Derechos Humanos de los Desplazados Internos quedó “perturbado por la larga distancia entre las políticas decididas en la capital, Bogotá, y lo que se ha implementado de manera efectiva a nivel local y departamental”.