La actual política de Sri Lanka de internar de forma indefinida a los desplazados constituye una violación de sus derechos humanos; en la actualidad, el gobierno de Sri Lanka mantiene a alrededor de 270.000 desplazados en lo que, de hecho, son campos de internamiento en el norte del país. El gobierno prometió que la mayoría de los desplazados podrían volver a sus hogares a finales de 2009, pero creer esto parece poco realista.