El deber ser de las políticas públicas desde el enfoque de análisis del desarrollo institucional (IAD) es promover la acción colectiva para dar solución a los dilemas sociales y que garantizando la aceptación de los participantes hacia las instituciones mediante su legitimidad, incentive formas de cooperación (Ostrom, 2000). En contraste, la Política Integral de tierras evidencia una formulación excluyente que bajo el principio del utilitarismo solo reconoce la acción de los participantes en el momento de la ejecución; y al mismo tiempo dicha exclusión sumada a la ambigüedad de la Constitución en su artículo 58 en cuanto a la función social y obligaciones a que tiene lugar la propiedad privada (Constitución Política de Colombia, 1991), limita el alcance de la política dando lugar al siguiente dilema social como hacer compatible el acceso al bien común con un Derecho a la propiedad privada no limitado, y que beneficiando equitativamente a los participantes (desposeídos de tierras y poseedores) incentiven formas de cooperación en cuanto a la administración de la tierra como bien común.