Los altos índices de evasión conducen a un menor recaudo tributario, y consecuentemente al desequilibrio de las finanzas públicas, originando un déficit fiscal que a la postre deriva en mayor endeudamiento y/o incumplimiento de los objetivos del Gobierno; así mismo, conlleva a efectos negativos en la distribución de los ingresos y genera inequidad y competencia desleal entre los contribuyentes que pagan oportunamente sus tributos y los que no cumplen. Por ende, una política antievasión eficiente debe orientarse a corregir las fallas del sistema tributario y combatir las causas que dan lugar a prácticas evasivas y por consiguiente contribuir a generar mayores ingresos públicos.