De conformidad con los mandatos de la ley 19 de 1958, el Gobierno presidido entonces por Alberto Lleras, creó la Comisión de la reforma administrativa. Esta comisión adelantó una tarea satisfactoria desde todo punto de vista. Aunque su labor se ignore o se pretenda menos preciar, es seguro que si sus indicaciones se tienen en cuenta y se actúa legislativa y administrativamente de acuerdo con ellas, la situación actual, caótica, de la administración pública, sería distinta, y entonces sí podría pensarse en un ajuste racional en los gastos de funcionamiento. Es obvio que una reforma administrativa no puede cumplirse si no existe capacidad técnica y decisión política para ello.