Se analiza la política de tierras y la normatidad que en torno a la tierra y su tenencia se ha implementado en Colombia; se centra el estudio en el desarrollo normativo ocurrido en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, entre ellos la Ley 975 de 2005 y la nueva ley de víctimas y su capítulo de restitución de tierras, considerando el debate generado respecto al supuesto carácter progresivo que estas medidas han tenido en términos de restauración de la tierra, pero también considerando los vacíos, inconsistencias y desafíos que dicha política ha creado. El actual panorama de la tierra en Colombia muestra que incluso antes de la crisis de desplazamiento masivo de los últimos 40 años, la propiedad de la tierra estaba altamente concentrada y Colombia está en la urgente necesidad de una reforma agraria. La expropiación por parte de grupos armados ilegales condujo de hecho a una “contra-reforma agraria”, incrementando en gran medida la concentración de la tierra. A los largo del conflicto, ambos grupos, guerrilleros y paramilitares, se han apoderado de tierras para consolidar ventajas estratégicas, por ejemplo, los corredores de exportación de drogas o de importación de armas, para establecer cultivos de drogas o para establecer zonas de influencia política. Las alianzas de los paramilitares y los empresarios también han permitido utilizar las tierras ilegalmente apropiadas para el desarrollo de megaproyectos, minería extensiva, agroindustria, incluyendo la palma africana, a menudo recibiendo apoyo del gobierno para estos proyectos a través de las políticas, programas y leyes promulgadas en los últimos años.