Este artículo intenta mostrar que la llamada “ley de justicia y paz” presentada por el gobierno de Uribe fomenta la impunidad porque abre la puerta de una manera impropia a la posibilidad de que perpetradores puedan recibir generosos beneficios judiciales, de manera individual, sin dar nada a cambio. Además, dicha ley permite que los miembros de estos grupos armados ilegales se beneficien de amnistías o perdones. Así, dicha ley intenta exonerar a los paramilitares de las sentencias que sean proporcionales al daño causado; además, intenta protegerlos de la justicia internacional. De esta manera, la ley 975 de 2005 contribuye al fortalecimiento de la impunidad en Colombia.