A lo largo de su bicentenaria vida como Estado independiente, Colombia no ha encontrado la necesaria estabilidad en su modelo político-administrativo. Durante el siglo XIX y después de una cadena de guerras civiles, inexorablemente se promulgarían sucesivas constituciones alternativamente centralistas y federalistas. Finalmente en la carta de 1886 se adoptaría el centralismo como paradigma del Estado. Si bien el modelo fortaleció la unidad nacional, simultáneamente acentuó las disparidades socioeconómicas entre las regiones. Para atacar el problema, la Constitución de 1991 consagró la descentralización administrativa y la autonomía regional como nuevo paradigma de Estado. Sin embargo, el componente financiero y transmisor del proceso descentralizador fundamentado en el Sistema de Transferencias Territoriales o Sistema General de Participaciones, se convertiría en causa recurrente del creciente déficit fiscal del Estado. En la búsqueda del equilibrio en sus finanzas, diferentes gobiernos reformarían la constitución en 2001 y 2007 modificando la fórmula del cálculo de las transferencias del nivel central a los entes territoriales. La consecuencia inmediata sería una disminución de las participaciones regionales respecto de los ingresos corrientes de la nación que conduciría a un proceso de recentralización del gasto público y al desfinanciamiento de las competencias a cargo de los gobiernos regionales.