El reconocimiento de los derechos constitucionales en materia ambiental requiere un sistema holístico y sistémico que asegure la aplicación efectiva y la satisfacción de los gobernados. Para lograrlo se plantea una metodología o proceso totalizador basado en los conceptos de calidad, para transformar unas acciones aisladas en materia de satisfacción de los derechos sociales, en el verdadero reconocimiento de estas garantías y derechos del ciudadano.