La comunidad indígena es el núcleo fundamental de lo que significa para Colombia su gente, sus creencias, sus antepasados. Por lo mismo, no se entiende, cómo siendo reconocida y protegida constitucionalmente por el Estado, no se ha encontrado una herramienta eficaz para acabar con el tratamiento inequitativo que se le da a la comunidad indígena en la aplicación de la justicia, tal como lo ordena la Constitución. La flagrante violación de sus Derechos Humanos no tiene justificación en un país que se dice garantista y sobre todo pluricultural e incluyente. Este dilema constituye para nosotros el problema fundamental por cuanto la aplicación de la Jurisdicción Especial Indígena en la administración de justicia es requisito sine qua non para ensamblar con la jurisdicción ordinaria al reconocimiento de los derechos especiales indígenas.