El tratamiento jurídico de las víctimas políticamente complejas, es decir, las víctimas que tienen una responsabilidad en los hechos que condujeron a su propia victimización dentro del conflicto armado, ha correspondido con la tradición jurídico-filosófica del derecho penal del enemigo, en donde el derecho es usado como arma de guerra e implica el desconocimiento total de los derechos humanos de los considerados enemigos y la impunidad para los agresores, situación que ha cambiado a partir de las condenas al Estado colombiano y a miembros de las Fuerzas Militares por desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de víctimas políticamente complejas, especialmente en el caso del Palacio de Justicia, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tribunales nacionales.