La potestad otorgada por la Constitución Política de Colombia a los pueblos indígenas para que se rijan según sus propias normas y costumbres (conocida como jurisdicción indígena), se ve limitada cuando estos se encuentran fuera de su territorio ancestral. Estas situaciones, en su mayoría enmarcadas por el flagelo del desplazamiento forzado y la pobreza extrema, les generan una problemática en las diferentes formas de ejercer control social al interior de sus comunidades, frente a la ponderación de los derechos a su autonomía y el poder punitivo del Estado para mantener la seguridad y el orden en una sociedad.