En aras de facilitar el acceso a las personas con discapacidad visual y garantizar que en condiciones de igualdad y accesibilidad ejerzan el derecho político al sufragio, las sociedades latinoamericanas y europeas han venido trabajando en técnicas y modelos para facilitar el voto y la necesidad de ejercer sus derechos políticos como manifestación integral de los derechos humanos. En 2016, la Registraduría Nacional del Estado Civil, en cumplimiento de la sentencia T-487/03, que establece el amparo constitucional de los derechos fundamentales al voto y a la igualdad y que ordena a la Registraduría la expedición de tarjetas electorales transcritas al sistema braille, su suministros a los invidentes que la requieran.