Este artículo constata que en Colombia hoy se cuestiona la división de poderes clásica y que las altas Cortes, en especial la Corte Constitucional, tienden a impulsar las políticas públicas y a intervenir en su diseño y aplicación. Primero define qué es la política pública, y presenta diversos argumentos que fundamentan y legitiman la intervención de la Corte Constitucional. Luego comenta algunas posiciones críticas y precisa los límites que la Corte debe respetar para no abusar de sus facultades constitucionales. Por último, examina varios casos en los que la máxima autoridad constitucional ha actuado respetando esos límites e instruyendo a los demás poderes para que cumplan sus obligaciones constitucionales.