El sistema de justicia transicional creado con la ley 975 de 2005, cuyo objetivo se orientó a facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, en enfrenta, luego de ocho años de vigencia, a un proceso de reforma que coloca entredicho la garantía del debido proceso de las víctimas. La ley 1592 de 2012, modificatoria de la anterior, no solo establece la priorización de casos y hechos, sino que introduce un remisión del proceso de reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos a las instancias administrativas contempladas en la ley 1448 de 2011, en la que se consagran expresas limitaciones en cuanto al monto de las reparaciones materiales.