Después de más de dos décadas de reformas institucionales en el empleo público, introducidas por los actores relevantes del sistema político colombiano, el resultado ha sido la formación de un entramado de reglas formales con propiedades diferentes y opuestas: se trata de un sistema estratificado de empleo público, sometido a las contradicciones que genera la disparidad de las lógicas que acompañan a tres orientaciones públicas de personal. En estas condiciones, la ambigüedad es la característica sobresaliente de las instituciones de personal y el factor que mayores costos políticos generan a los actores interesados en instalar en la administración pública colombiana un sistema de servicio civil de méritos conforme al mandato del constituyente de 1991.