Las instituciones públicas en su acepción de organizaciones poseen todo tipo de recursos para lograr sus objetivos siempre anclados en el objetivo del bien común y en la defensa del interés general. El recurso más crítico y con mayor capacidad de aportar valor añadido tiene un carácter subjetivo; son las personas, es decir, los empleados públicos. De su buen hacer profesional depende la eficacia y la eficiencia organizativa; de la buena articulación y sinergias de sus conocimientos depende la ética institucional; de sus valores y parámetros culturales depende la ética institucional. Finalmente, de su valentía depende la innovación institucional tan necesaria siempre pero muy en especial en momentos de crisis económica, política y social como la que padecemos desde hace varios años en el país.