La literatura contemporánea sobre el control social y la responsabilidad no explica con solvencia por qué gobiernos están (o no están) interesados en involucrar a actores no estatales en los procesos de toma de decisión y de implementación de políticas públicas. Este artículo argumenta que la responsabilidad es el producto de las interacciones entre ideas e instituciones para mediar intereses contradictorios en la definición de los objetivos y medios de políticas normativos, estratégicos y operacionales. Se utiliza el seguimiento de proceso para identificar el mecanismo causal que vincula la adopción de instrumentos de derecho internacional con el fortalecimiento efectivo de la responsabilidad en un área de política. El caso de estudio es el derecho de los indígenas a la consulta previa en las políticas de petróleo y gas en Colombia y Ecuador.