La crisis económica y financiera ha deteriorado la posición fiscal de la mayor parte de las economías desarrolladas hasta extremos inéditos en generaciones. La caída de la actividad, los estímulos fiscales y los apoyos financieros que ha sido necesario instrumentar explican ese drástico deterioro. Aunque la reactivación económica que está comenzando a afirmarse pueda aliviar en cierta medida los déficit fiscales, una consolidación fiscal sustancial de unos ocho puntos del PIB en el saldo primario estructural, que sitúe a la deuda pública de nuevo en una senda sostenible, se presenta como uno de los desafíos más importantes para las políticas económicas en los próximos años. Para lograrlo será necesario no sólo un fuerte ajuste presupuestario corriente, sino también cambios en los compromisos de largo plazo del gasto en pensiones y sanidad, y sobre todo consolidar unas tasas de crecimiento sostenible suficientemente elevadas, mediante reformas estructurales. En el corto plazo, los planes de consolidación fiscal deben ser compatibles, por un lado, con el mantenimiento de un cierto tono expansivo, que contribuya a sostener la aún débil demanda privada, y, por otro, con aplacar las sospechas de insostenibilidad de la deuda pública, que podrían llevar a los mercados a imponer primas de riesgo crecientes sobre ella. En definitiva, los desafíos sobre las finanzas públicas son importantes y, además, algunos retos trascienden este ámbito. Así, la imbricación entre política monetaria y fiscal durante la crisis hace que la reafirmación de la independencia del banco central constituya otro reto fundamental para las autoridades económicas, especialmente en un contexto de fragilidad de las finanzas públicas. Por último, dado el carácter global de la crisis, otro aspecto fundamental para facilitar una salida ordenada es la concertación internacional, que debería reflejarse en políticas macroeconómicas consistentes a escala global.