Incluye referencias bibliográficas.

Un país con bajos niveles de capital y altos niveles de pobreza como Colombia puede encontrar en la extracción de sus recursos un buen sector para apalancar sus procesos de crecimiento y desarrollo a través de la generación de ingresos y empleo, así como la dinamización económica a través de encadenamientos productivos. Un buen modelo de gobernanza, al rededor de los RNNR, es clave para que la actividad extractiva cumpla con dichos ideales y que las comunidades reciban de manera benéfica estas actividades en su territorio.

De acuerdo con la CEPAL, el concepto de gobernanza recoge “las acciones conjuntas y el ejercicio de autoridad pública que los distintos agentes del Estado (de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y de los organismos regulatorios sectoriales, entre otros) llevan adelante a través del marco de políticas e instituciones vigentes”. La gobernanza de los RNNR se ejerce a través de un conjunto de instituciones formales (leyes, códigos, regulaciones, etc.); instituciones informales (acuerdos informales acerca del cuidado de recursos de uso común) y decisiones de política pública que rigen el desarrollo de las actividades extractivas en un país.

La gobernanza de los recursos naturales se ejerce por medio del conjunto de instituciones formales (marcos constitucionales, leyes, contexto social y regulación sectorial, entre otras) instituciones informales (reglas implícitas en la práctica de uso común) y decisiones políticas soberanas, cuya acción conjunta rige el funcionamiento de los sectores extractivos. (Altomonte y Sánchez 2016). La idea de gobernanza también se debe entender en un sentido normativo: la idea del buen Gobierno y su relación con la capacidad que tienen las sociedades de ejercer control, vigilancia y tener capacidad de influir en las decisiones que los afectan. Un buen modelo de gobernanza debe entonces permitir un funcionamiento transparente del sector.

El Estado busca legítimamente aprovechar los RNNR con el fin de obtener recursos que aumenten el erario público y así la capacidad de invertir; las comunidades quieren mejorar sus condiciones de vida pero no quieren ver sus territorios transformados; los privados buscan generar ganancias respetando la ley y en algunos casos procurando tener un excelente relacionamiento con las comunidades en sus zonas de influencia. El reto del Estado es la armonización de esos intereses, en ocasiones encontrados, a partir de un buen modelo de gobernanza en el cual la participación ciudadana sea fundamental.

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