Recientemente, en las bases del plan nacional de desarrollo 2023-2026, se ha planteado una línea de acción denominada “Justicia ambiental y gobernanza inclusiva”. Según la cual, el país garantizará el tratamiento justo de todos los colombianos a través de la participación efectiva, inclusiva, diferencial y con perspectiva de género en la toma de decisiones sobre el desarrollo ambiental. Según este planteamiento, se fortalecerá el poder para la gente en las decisiones ambientales que tengan que ver con su territorio, respetándose las relaciones ecológicas y culturales que integran a las ciudades con el campo, respetando las consultas populares y las consultas previas, libres e informadas.
Asimismo, se asegurará la transparencia y el acceso a la información, la participación pública en procesos de toma de decisiones y el control efectivo de la gestión pública, y se fortalecerá la gobernanza inclusiva a través de la conservación de las especies, del bienestar y la protección de los animales.
En el mismo sentido, se fortalecerán las veedurías ciudadanas. Se desarrollará un programa nacional de educación ambiental enfocado a las regiones priorizadas de mayor conflictividad y Finalmente, se garantizará con enfoque diferencial. la protección de personas y colectivos que defienden los derechos ambientales y territoriales, asegurando un entorno propicio y las condiciones para ejercer su labor sin intimidaciones ni acosos, y con apoyo de la institucionalidad.