Incluye referencias bibliográficas.

El Estatuto General de la Administración Pública contempló dentro de su estructura jurídica las cláusulas excepcionales, que son aquellas potestades de superioridad como prerrogativa de poder que se otorga a las autoridades para la consecución de los intereses generales, siendo la caducidad de los contratos que celebre el Estado, la “sanción más drástica que el contratante le impone a su contratista” cuando este las incumple, no con el mero objetivo de sancionarlo por se sino con la finalidad de ejecutar el objeto contractual, cual es verdaderamente el fin buscado, bien a través de un tercero que puede ser el garante, o un nuevo contratista o directamente y por sus propios medios.