Las Corporaciones Autónomas Regionales, como parte integral del Sistema Nacional Ambiental, se constituyen como la máxima autoridad ambiental en sus respectivas jurisdicciones, encontrándose los recursos destinados para su actividad, sujetos a la capacidad de recaudo en el impuesto predial de los municipios que les integran. En este contexto, se presenta un marcado desequilibrio entre los recursos percibidos por algunas Corporaciones, dentro de las cuales se encuentran, por una parte, municipios con amplísima capacidad financiera, y por otra, municipios con recursos muy limitados. Dicho desequilibrio, se ve intensificado debido a las responsabilidades ambientales correspondientes a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), las cuales no son homogéneas y se encuentran profundamente desarticuladas con los recursos percibidos, con lo cual se contribuye a la consolidación de una política ambiental parcializada e inequitativa. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de creación de un sistema con criterios de distribución equitativos que articule la política ambiental nacional, en búsqueda de un desarrollo sostenible generalizado.