Las interacciones entre el derecho estatal y la certificación comercio justo fairtrade : garantía de una mejor protección de los derechos de los trabajadores y del medio ambiente
Tipo de material:
ArtículoIdioma: Español Detalles de publicación: Bogotá :Descripción: 57-74Tema(s):
En: Temas socio-jurídicos - Vol.34 No.68Resumen: El régimen de certificación Comercio Justo Fairtrade International es un modelo de certificación de RSE interesante por su interacción con el derecho estatal porqué sus disposiciones y su funcionamiento favorecen una mejor aplicación. La referencia al derecho estatal es un medio de incorporarlo al corpus normativo de la certificación Comercio Justo Fairtrade. La reiteración de la obligación que tienen los productores de respetar la legislación nacional constituye igualmente un medio de asegurar que la certificación no tenga como consecuencia una nivelación a la baja de las exigencias aplicables a los productores. La referencia a la legislación y a las prácticas nacionales permite, inversamente, no imponer tampoco obligaciones desproporcionadas a los productores. Al insistir sobre la necesidad de deber conformarse tanto a las normas surgidas de los estándares como a aquellas que provienen del derecho estatal, se favorece igualmente un mejor conocimiento del derecho estatal. A pesar de estas ventajas, la incorporación de normas de derecho nacional es sin embargo portadora de un cierto riesgo que variará en intensidad en función a la manera en la que se lleva a cabo.
El régimen de certificación Comercio Justo Fairtrade International es un modelo de certificación de RSE interesante por su interacción con el derecho estatal porqué sus disposiciones y su funcionamiento favorecen una mejor aplicación. La referencia al derecho estatal es un medio de incorporarlo al corpus normativo de la certificación Comercio Justo Fairtrade. La reiteración de la obligación que tienen los productores de respetar la legislación nacional constituye igualmente un medio de asegurar que la certificación no tenga como consecuencia una nivelación a la baja de las exigencias aplicables a los productores. La referencia a la legislación y a las prácticas nacionales permite, inversamente, no imponer tampoco obligaciones desproporcionadas a los productores. Al insistir sobre la necesidad de deber conformarse tanto a las normas surgidas de los estándares como a aquellas que provienen del derecho estatal, se favorece igualmente un mejor conocimiento del derecho estatal. A pesar de estas ventajas, la incorporación de normas de derecho nacional es sin embargo portadora de un cierto riesgo que variará en intensidad en función a la manera en la que se lleva a cabo.
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