Con el retorno de la izquierda socialista al Palacio de la Moneda se esperaba que la democracia se consolidara definitivamente en Chile. Sin embargo, los métodos represivos y violentos utilizados por el Estado perduraron y se perpetuaron como mecanismo de control social. Durante el gobierno de Ricardo Lagos, la protesta social Mapuche fue reprimida, perseguida y criminalizada, tras el argumento de la protección a la gobernabilidad política y la institucionalidad democrática. La metodología que se utilizó se basa en la revisión de prensa para registrar los episodios de violencia provenientes del pueblo Mapuche y del Estado chileno. Con esa información se comparó el uso de la violencia entre ambos actores. El principal resultado encontrado es que el Estado chileno mantiene el control y monopolio de la violencia en el país, siendo la violencia represiva del Estado siempre superior a la proveniente de la protesta Mapuche. La criminalización de la protesta Mapuche se logra de manera eficiente y efectiva gracias a las reformas que experimentó el poder judicial, lo que permitió enjuiciar y encarcelar a la población en conflicto bajo la figura de terrorismo.