El presente trabajo analiza garantías judiciales previstas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El derecho a la asistencia jurídica letrada, a la defensa técnica proporcionada por el Estado, a no ser obligado a declarar contra sí mismo, a recurrir la sentencia, a no ser perseguido más de una vez por un mismo hecho delictuoso, al amparo contra hechos lesivos que afectan derechos y el derecho a la verdad, constituyen connotaciones de las garantías convencionales del sistema interamericano que además se proyectan en innumerables aplicaciones concretas que la Corte ha determinado a través de los distintos casos juzgados por ella y que aportan un sentido específico en el esquema de las garantías judiciales.