Este artículo analiza la tensa relación entre el gobierno central y las municipalidades en Chile, la que ha marcado el diseño e implementación de diversas reformas en materia de descentralización desde hace tres décadas. El contexto político-institucional de dichas reformas se ha caracterizado por la presencia de actores con un fuerte poder de veto que han obstaculizado la descentralización, así como también por un clima de desconfianza general que ha conducido a políticas públicas insuficientes y altamente protocolizadas. Como consecuencia de este complejo escenario, el país ha quedado en una situación de statu quo en materia de descentralización.