En los últimos 30 años, Chile se ha vuelto un horizonte de instalación para personas inmigradas, que se ha acentuado a partir de los años noventa para diversos países latinoamericanos y de Centroamérica (Perú, Argentina, Bolivia, Haití, Colombia y Ecuador). Chile dispondría de más del 2% de personas inmigradas como residentes (354.582). Pese a ello, el Estado ha desarrollado aisladas y/o descoordinadas respuestas de atención a esta población, que se encuadran en una visión restringida de derechos, supeditada a la ley de inmigración vigente desde la dictadura militar. De ahí la necesidad de analizar la gestión social de la inmigración a partir de un abordaje reflexivo del binomio “inclusión/exclusión social”, considerando las diferentes estrategias normativas y de intervención social que se ponen en marcha desde el ámbito público para garantizar “los derechos humanos” de las personas inmigradas. Por ello, se presenta una reflexión sobre los obstaculizadores que se evidencian en las políticas sociales de Chile y que afectan la inclusión efectiva de la población inmigrada, teniendo en cuenta cuatro áreas centrales: educación, vivienda, trabajo y salud. Estos resultados emanan de una investigación con enfoque mixto (cuanti y cualitativo) desarrollada en cuatro zonas geográficas de Chile con mayor población inmigrada.