El presente artículo examina que, no teniendo la naturaleza jurídica de una convención o tratado, el Protocolo de Minnesota tiene para Colombia carácter vinculante. El fundamento jurídico es el mandato expreso del artículo 93 de la Constitución Política de 1991, la cual no solo incorpora los convenios y tratados sobre derechos humanos ratificados, sino que ordena interpretar los derechos contenidos en ella a la luz de dichos acuerdos. El debido proceso establecido en el artículo 29 de nuestra Carta está integrado a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte IDH ha establecido que, en la investigación de muertes sospechosas de ser ejecuciones extrajudiciales, los principios y procedimientos contenidos en el Protocolo de Minnesota son diligencias sustanciales al debido proceso y por tanto obligan a los Estados; por consiguiente, su aplicación tiene carácter vinculante para el Estado colombiano en las investigaciones por desaparición forzada, delito que gene- realmente termina con la ejecución de las víctimas.