Las reformas judiciales en América Latina en la última década tienen características bien distintas de aquellas que se llevaron a cabo en las décadas precedentes. En esta etapa, las reformas han perdido centralidad en la agenda política, a pesar de la gravedad de los problemas en el sector. Tampoco han formado parte, en general, de procesos planificados e integrales que impliquen cambios de calado en esta área. Además, se han orientado prioritariamente hacia temas relacionados con la eficacia y eficiencia y hacia la promoción de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. En cambio, reformas de rediseño institucional y de relación entre poderes han sido escasas y puntuales. Aunque apenas existen datos que permitan realizar una valoración del impacto de las mismas, a través de indicadores aproximados se concluye que estas reformas han generado resultados muy limitados. Hay dos elementos que contribuyen a dar contenido a la escasa efectividad de las mismas: en primer lugar, los actores que intervienen en el diseño e implementación de políticas, el consiguiente reparto de competencias entre instituciones y la dificultad de coordinarlas para objetivos comunes y orientaciones de políticas integrales; y en segundo lugar, la inestabilidad de los cargos políticos, que pone de manifiesto la incompatibilidad entre los tiempos políticos y los tiempos que requieren este tipo de reformas.