Este texto es el resultado del estudio clínico del caso de la vereda Granizal, ubicada en el municipio de Bello (Antioquia), donde actualmente residen más de 18.000 personas sin acceso a los servicios de acueducto y alcantarillado. El propósito del artículo es demostrar por qué, para el caso de la vereda, la acción popular representa el mecanismo procesal idóneo para la defensa de los intereses de sus habitantes, conforme a la composición del derecho de acceso al agua potable, otorgándole el tratamiento de un derecho subjetivo, esto es, conforme a su titularidad, al objeto sobre el cual recae, a los destinatarios y a la acción constitucional idónea para su exigibilidad. En ese orden, se aborda el fundamento teórico en virtud del cual el derecho al agua potable se puede considerar como un derecho colectivo en el ordenamiento jurídico colombiano y, consiguientemente, se exponen las razones con base en las cuales se considera que la acción popular es el mecanismo apropiado para la defensa del derecho invocado.