Nacida del artículo transitorio 55 de la Constitución Política de 1991, la Ley 70 de 1993, en conformidad con el nuevo espíritu constitucional del multiculturalismo y la plurietnicidad, reconoce por primera vez a las comunidades negras como un grupo étnico depositario de derechos colectivos propios. Aunque sea considerada como un avance para algunos, en el Bajo Atrato, región marcada por su heterogeneidad poblacional, la nueva legislación conlleva conflictividades entre las diferentes poblaciones que habitan estos territorios. Sin embargo, debido a las dinámicas que adquieren los conflictos armado y social, la región padece de múltiples afectaciones, que claramente propician las fracturas entre las poblaciones y sobre todo debilitan los procesos organizativos.