El presente artículo ofrece una interpretación teórica acerca de las disposiciones sobre restitución de tierras contenidas en la famosa "Ley de Víctimas", la cual fue debatida en el Congreso colombiano en el año 2008. El proyecto de ley preveía mecanismos específicos encaminados a garantizar la restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado colombiano. En su momento, el proyecto de ley fue respaldado por los principales actores políticos del país, incluyendo el gobierno y las élites que lo apoyaban, por un lado, y las organizaciones de víctimas y de derechos humanos y los grupos de oposición, por el otro. El hecho de que todos los actores políticos del país estuviesen considerando seriamente la posibilidad de restituir las tierras a las víctimas del conflicto armado colombiano parecía indicar la existencia de un consenso entre actores políticos cuyas posiciones normalmente están enfrentadas, sobre un tema que tradicionalmente ha generado altos niveles de polarización. Le existencia de dicho consenso es desconcertante porque no parece corresponder ni a los intereses ni a la visión de justicia de dichos actores políticos, y además porque la restitución de tierras enfrenta enormes dificultades tanto prácticas como normativas, lo que indica que posiblemente no sea la mejor alternativa para enfrentar la problemática de distribución de tierras en Colombia. El presente artículo ofrece una interpretación de dicho consenso, argumentando que es sólo un consenso aparente en el cual los actores están en efecto desvirtuando sus intereses y visiones de justicia, pero al mismo tiempo adoptando estrategias de implementación divergentes encaminadas a promover sus verdaderos intereses.