En Venezuela, desde 1980 y en el marco de la Constitución de 1961, se inició un proceso de distribución del poder político que permitió fortalecer, administrativa y financieramente, a los estados federales y municipios. En la actualidad, con el respaldo de una nueva Constitución de 1999, se re-centraliza el poder y, bajo la premisa de una democracia directa, se instaura un poder inconstitucional Poder Popular, cuyas actuaciones, dependientes de la Presidencia de la República, se solapan con los subniveles de gobierno establecidos en la Carta Magna. Ello se ha logrado a través de modificaciones del ordenamiento jurídico nacional fuera del marco constitucional, cuyo impacto en la dinámica territorial del poder se intenta evidenciar en este estudio.