El régimen propuesto por la OCDE de instrumentar regulación asimétrica ex ante para el mercado de las telecomunicaciones en México reduciría la competencia, contrariamente a los objetivos de la OCDE. Las propuestas de la OCDE perjudicarían a los consumidores mexicanos e impondrían un aumento en los precios que se pagan por los servicios de telecomunicaciones. Crearían un cártel de precios sancionado por el gobierno entre los operadores de telecomunicaciones. Premiarían a los competidores ineficientes y penalizarían a los operadores eficientes, todo en detrimento de los consumidores. En lugar de agregar nueva regulación contraproducente o ineficaz, el gobierno mexicano debería eliminar las barreras regulatorias a la entrada entre los servicios de video y telefonía, con lo cual se crearía una competencia duradera basada en la infraestructura.