La representatividad de los poderes legislativo y ejecutivo da legitimidad a la Democracia. Pero en ocasiones los electores son ignorados por sus representantes políticos y los resultados negativos de las políticas públicas cuestionan la capacidad y honradez de los gobernantes; particularmente cuando éstas han sido incompletas de cara a grupos minoritarios o en opresión. ¿Quién debe entonces definir las políticas públicas? Este interrogante devela la necesidad de establecer derechos no reconocidos, derechos aparentemente ilegítimos que requieren devenir al marco legal y tendrán que operar paralelamente al conjunto de derechos generales. Así, el derecho a exigir derechos y los derechos todavía no legalizados, se ejemplifican con los derechos diferenciados. Se propone que estos sean promovidos a partir de las plataformas de las nuevas tecnologías electrónicas.